El preu dels indignats.

Un escalofrío ha recorrido el cuerpo del contribuyente: la factura de los 45 días de acampada de los rebeldes indignados en la plaza de Catalunya le ha costado al erario público 247.707 euros. Un total de 72 toneladas de basura han sido retiradas de la céntrica plaza; 54 de los 160 desalojados por 660 policías tenían antecedentes penales y pertenecían a 19 nacionalidades. A la vista matemática está la rapidez y diligencia en el proceder y comunicar de las autoridades, nacionales y municipales. Todas ellas han querido dejar claro que los que permanecían en la plaza, más que indignados, eran irreductibles y poco tenían que ver con el grueso del Movimiento 15-M, que ya se había desmarcado de la acampada residual. Pero en el aire flota un cierto aroma de revancha por la ocupación, por las críticas vertidas hacia los políticos, por la alteración de la vida ciudadana, por la necesidad urgente y casi obsesiva de demostrar, en suma, que la pretendida superioridad moral de los acampados es una falacia, puesto que rompen, ensucian y cuestan dinero. Igual que aquellos a quienes los indignados reprochan sus flaquezas.

Sea como fuere, en época de crisis hay que ser cuidadoso con los gastos y con los gestos. Quizá por ello, el día en que se dio a conocer el oneroso coste de la acampada parecía elegido adrede, pues era la fecha límite para la presentación de la declaración de la renta. Es loable que tanta preocupación coincida en la misma semana en que ha trascendido que el presidente, el vicepresidente y el consejero delegado de una entidad financiera suman retribuciones de 10,1 millones de euros anuales. La crítica entraría en el terreno de lo opinable si el dinero fuera privado, pero sucede que esa misma entidad ha recibido en segunda entrega 4.465 millones de euros de dinero público procedente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). También esta misma semana, hablando de cantidades, se ha apagado el AVE manchego. Su coste era de 18.000 euros por transportar a nueve personas diariamente. "Renfe siente dolor cuando un tren pasea chapa", dijo un directivo de la compañía. Pues debe de sentir mucho dolor, porque España es el país que más chapa pasea por la alta velocidad. No hemos sido capaces de amortizar siquiera el AVE Barcelona-Madrid, si se incluye todo el mantenimiento. La línea entre las dos capitales debería transportar nueve millones de pasajeros anuales para ser rentable. Hasta ahora, desde su inauguración en 2008, ha sumado solo ocho millones.

Para repartir más la responsabilidad política y geográficamente, ¿qué decir de los 22 millones de euros empleados por el tripartito en comprar, sin convocar concurso, material para llevar agua a Barcelona en plena sequía del 2008? La irregularidad -hija de la urgencia- fue archivada por la fiscalía, pero está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas, tal como adelantó el pasado lunes este diario, sin que levantara entonces excesivas sospechas.

Errores y despilfarros también los hay en la vertiente deportiva. En mayo de 2009, memorable por la "Copa, Lliga, Champions" del Barça, la factura en destrozos urbanos fue de 250.000 euros. Un año antes, el dispositivo especial de seguridad de la semifinal entre el Barça y el Manchester United costó 224.000 euros al erario público. A esa suma hay que añadir la preparación de un área, en el Port Olímpic, para reunir a los seguidores del equipo inglés: 40.000 euros más. En total, 264.000 euros, de los que el Ayuntamiento y la Generalitat intentaron en vano cobrar una parte al club.

Como broche, un elemento de espiritualidad. En noviembre pasado, la visita de Benedicto XVI a Barcelona, de un día de duración, costó al contribuyente 1,7 millones de euros.

Y así podría continuar la interminable relación de hechos en los que la demagogia adopta el color de la ideología de quien selecciona. Paguen los indignados esos 247.707 euros por ser los causantes de tanto estropicio, piden algunos. Y puestos a recaudar, habrá que pasar con insistencia el cepillo a quienes se hacen los dormidos en otras misas.

Francesc Valls, Indignados por 247.707 euros, El País, 03/07/2011

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