NI (nacionalisme identitari)+SB (sobiranisme de butxaca) = INDEPENDENTISME.
El panorama, muy similar al del resto de España, ha sido, sin embargo, terreno abonado para el crecimiento del independentismo. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 recortando el Estatuto refrendado por la ciudadanía y la indulgencia concedida por el Alto Tribunal al Gobierno central para cumplir los compromisos inversores para con Cataluña han contribuido al sentimiento de agravio entre un sector importante de la ciudadanía que la pasada Diada salió a la calle para reivindicar la secesión de España.
La idea de trato injusto ha calado. Según datos de 2010, Cataluña es la tercera comunidad al aportar y la novena al recibir. En la sociedad catalana se ha instalado como un mantra que el déficit fiscal –la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe la comunidad– supone 16.500 millones de menos para Cataluña y que, de no existir, sería muy fácil salir de la crisis. Esa cifra se fundamenta en un modelo de cálculo más favorable a la Generalitat, basado en el supuesto teórico de que la Administración central hubiera tenido unas cuentas equilibradas el año 2009. Así, el déficit se ha convertido en “expolio fiscal” gracias a la amplificación del circuito mediático catalán afín a CiU.
El independentismo ideológico y el emocional han confluido de esta forma con el soberanismo de bolsillo, y han sacado a cientos de miles de ciudadanos a la calle. ¿Cómo se traducirá en las urnas el eco de la Diada? Las encuestas muestran a una Convergència i Unió rozando la mayoría absoluta. Se trata de un caso excepcional en Europa, pues por primera vez la crisis no solo no pasará factura a un Gobierno saliente, que revalidará su hegemonía. Al Ejecutivo catalán no le ha temblado el pulso a la hora de suprimir el impuesto de sucesiones mientras ha ampliado recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales. El propio presidente catalán, Artur Mas, en un reciente encuentro con pequeños y medianos empresarios, se comprometió a una rebaja sustancial de impuestos cuando Cataluña tenga “estructuras de Estado”. La patronal está entre fascinada e inquieta por la propuesta de CiU. Por un lado, grandes empresarios como José Manuel Lara han expresado su preocupación por lo que juzgan una deriva soberanista. Banqueros y financieros prefieren manifestar sus temores y malestar en privado. Entre los emprendedores pequeños y medianos ha cuajado la idea de la independencia como solución. En el caso de la patronal Cecot, un 56% se manifiesta soberanista, mientras que en el de Pimec un 66,8% de las 2.224 empresas que respondieron a la encuesta (de 19.000 asociadas) son partidarias de la secesión. El entusiasmo nacionalista de la patronal es incluso superior al registrado entre la ciudadanía en general, que en junio se manifestaba independentista en un 51%, según el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO).
CiU se apresta a capitalizar la oleada en estos comicios, el voto útil soberanista. El PSC se halla en retroceso, pendiente de catarsis y clarificación, incapaz de capitalizar el descontento social. El PP se presenta como el gran baluarte de la españolidad, con el que pretende amortiguar el castigo por la política económica del Gobierno central. Artur Mas se ha situado al frente de la estampida independentista y ha convocado elecciones precisamente para no perder pie y morir aplastado. Una manifestación de 1,5 millones de personas, según los organizadores, ha precipitado la llamada a las urnas, dato a tener en cuenta si el descontento social latente logra próximamente emular esa cifra.
Francesc Valls, Independentismo hijo de la crisis, El País semanal, 11/11/2012
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